3 de abril de 2025.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, anunció una medida histórica para transformar las condiciones laborales en las instituciones públicas de educación superior: la expedición del Decreto 0391 del 1 de abril de 2025, que busca avanzar hacia la estabilidad y justicia laboral para docentes y personal administrativo.
«Respetamos profundamente la autonomía universitaria, pero como Gobierno hacemos un llamado a dar pasos firmes hacia la dignificación laboral«, expresó el ministro de Educación, Daniel Rojas, reafirmando el compromiso del Gobierno del Cambio con el bienestar del talento humano en las universidades públicas.
Este decreto establece los lineamientos para que las universidades diseñen Planes de Formalización Laboral, priorizando la contratación por mérito y reduciendo la precarización laboral. La norma fue construida en conjunto con organizaciones sindicales como ASPU, SINTRAUNICOL y UTRADEC, a través de 12 mesas técnicas de diálogo que contaron también con el apoyo del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Entre los ejes principales del decreto se destacan:
Formalización laboral respetando la autonomía universitaria: Las instituciones conservarán su independencia, pero deberán implementar estrategias que garanticen contratación transparente y estable.
Educación con justicia social: Se fortalecerán los pilares de investigación, docencia y extensión mediante condiciones laborales dignas, reconociendo la labor de quienes hacen posible la educación superior.
Daniel Rojas fue enfático al señalar que “no es posible hablar de calidad universitaria sin dignidad para quienes enseñan. Hay docentes con posgrados que hoy sufren condiciones laborales inaceptables. Esta medida les hace justicia”.
Hoy tenemos una gran noticia para el país: el Presidente @petrogustavo firmó el decreto de formalización laboral para profesores y profesoras de educación superior, con el que 38 mil docentes y trabajadores pueden aspirar a ser formalizados en el país en las Instituciones de… pic.twitter.com/nF42xUvBGj
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) April 3, 2025
El decreto también responde a recomendaciones previas de la Corte Constitucional, recogidas en la Sentencia C-006 de 1996, y a diagnósticos del Sistema Universitario Estatal (SUE) y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), que alertaban sobre la necesidad urgente de atender las brechas laborales existentes.
Cada universidad deberá elaborar un diagnóstico y planificación de su planta de personal, guiada por criterios de equidad y justicia laboral, sin que esto implique pérdida de su autonomía.
Este avance normativo se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo «Colombia Potencia Mundial de la Vida» y en compromisos internacionales como el Convenio 151 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los que promueven trabajo decente, educación de calidad y fortalecimiento institucional.
Con esta medida, el Gobierno reitera su convicción: la excelencia académica no puede desligarse de condiciones laborales justas y sostenibles.